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La nueva tercera edad: longevos, pero quizá enfermos y discapacitados

El 89,5% de las personas con 65 años o más tiene alguna discapacidad o problema de salud crónico y esta cifra aumenta el 96,5% para los mayores de 85 años

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La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha realizado un estudio sobre la situación e impacto actual de la cronicidad y/o la discapacidad en las personas mayores. Según datos del IMSERSO de 2020, un 9,6% de la población española tiene algún tipo de discapacidad y las personas mayores de 65 años que necesitan ayuda y carecen de autonomía suponen un 45,4% de estas.

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La nueva tercera edad: longevos, pero quizá enfermos y discapacitados

Según la Proyección de la Población de España a Largo Plazo (INE 2020), se prevé que en 2035 la población de 65 y más años representará el 26,5% del total, un porcentaje que llegará al 30,8% (16,3 millones de personas) en 2050. Una buena parte de esta cifra padecerá enfermedad crónica y/o discapacidad y precisará cuidados especiales en su vida cotidiana. En la actualidad, en España el 26% de las personas entre 65 y 79 años y el 19% de 80 y más años tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. Según datos del IMSERSO, los problemas de salud más frecuentes que dieron lugar a esta situación fueron los osteoarticulares (28%), la enfermedad crónica (18%) y la enfermedad mental (17%).

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como “un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, entendiendo las deficiencias como problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad como dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación como problemas para participar en situaciones vitales”. La OMS afirma igualmente que entre 110 millones y 190 millones de adultos en todo el mundo tienen dificultades notables para el funcionamiento de la vida diaria, así como que las tasas de discapacidad están en aumento, entre otras causas, por el progresivo envejecimiento poblacional y el paralelo aumento de enfermedades crónicas.

Entre las enfermedades crónicas incapacitantes más comunes en edades avanzadas hay que citar las demencias y especialmente el alzhéimer o los accidentes cerebrovasculares. Según el Informe Mundial sobre el Alzheimer del año 2015, unos 46,8 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, una cifra que podría alcanzar los 74,7 millones en 2030. Sin embargo, la causa más importante de discapacidad permanente en el adulto son los accidentes cerebrovasculares; un ictus, por ejemplo, puede causar secuelas como parálisis, problemas de equilibrio, trastornos del habla, déficits cognitivos, dolor o alteraciones emocionales, lo que implica que un alto porcentajes de enfermos presenten una situación de dependencia parcial o total.

La situación de discapacidad o dependencia no siempre está reconocida legalmente y muchas personas tienen problemas para acceder al certificado de discapacidad, por lo que quedan desprotegidas al no poder beneficiarse de las ayudas oficiales; también es frecuente que aún reconocido el derecho no puedan disfrutar de los beneficios por alargamiento de los trámites burocráticos o escasez de recursos públicos. Frente a esta situación la responsabilidad del enfermo suele recaer sobre los familiares, que generalmente ejercen los cuidados informales.

La tendencia en la actualidad es recomendar que las personas mayores discapacitadas permanezcan en sus hogares bajo el cuidado de sus familias, con el objetivo de mantener su comodidad y su dignidad. Sin embargo, esta situación puede originar una modificación en la estructura familiar, con la consecuente aparición de cargas físicas, psicológicas, sociales y económicas, especialmente perjudicial para aquellos miembros directamente afectados por el cuidado a los enfermos.

El trabajo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), titulado “Estudio del impacto de la discapacidad y/o enfermedad crónica en las personas mayores y sus familias” y realizado con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, plantea la necesidad de profundizar en el impacto de la enfermedad crónica sobre la persona mayor y su familia. El estudio recoge que en España existen 4,7 millones de hogares unipersonales, de los cuales el 42% (dos millones) corresponden a personas mayores de 65 años; considerando que el 89,5% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticado algún problema de salud crónico, resulta que alrededor de 1,8 millones de personas mayores viven en soledad con una patología crónica. Esta circunstancia afecta especialmente a las mujeres: 1,4 millones de mujeres viven solas frente a 0,6 millones de hombres (datos del IMSERSO, 2018).

Para prevenir el padecimiento de estas patologías crónicas durante la tercera edad y evitar en lo posible el aislamiento social y la soledad a los que conducen, así como las sobrecargas que representan para las familias, el estudio de la POP finaliza con una serie de recomendaciones entre las que destaca la universalización del servicio de atención psicológica en el sistema público de salud para el colectivo de personas mayores de 65 años que viven con enfermedades crónicas, y el desarrollo de estrategias de prevención de los trastornos mentales o emocionales asociados a la cronicidad.

También se aboga por la creación de unidades de convivencia para la tercera edad alternativas al modelo actual de residencias o geriátricos, de forma que los adultos mayores puedan optar a envejecer en su medio habitual y a contar con los apoyos necesarios que les permitan mantener una relativa autonomía y sentirse útiles. Otra importante recomendación, por último, es la de abandonar el enfoque asistencial y proteccionista de las políticas actuales, diseñando acciones desde la perspectiva de los intereses y necesidades de las propias personas afectadas, y orientadas a fomentar sus capacidades.