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¿Depende mi salud del lugar dónde viva?

La constitución reconoce el derecho a la protección de la salud.

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Cuando hablamos de Asistencia Sanitaria Universal nos referimos a la asistencia pública, universal y gratuita que en materia de salud reciben los ciudadanos de un país. Pero diversas circunstancias pueden hacer que existan diferencias en el acceso a los servicios y tratamientos en función del lugar donde se viva. Es lo que podríamos llamar como desigualdades que dependen del código postal.

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¿Depende mi salud del lugar dónde viva?

La descentralización que en materia de salud se deriva del estado de las autonomías perseguía una mayor proximidad a los ciudadanos y cubrir mejor sus necesidades derivadas en algunos casos de diferente clima, geografía, estilos de vida y de trabajo. Siendo esto indiscutible y valorando las ventajas que en materia de prevención y asistencia ha podido tener esta cercanía, también es cierto que empieza a existir un debate que nos inclina a reflexionar si esta descentralización provoca en ocasiones accesos desiguales a tratamientos en función de en que comunidad vivamos e incluso en función del hospital que nos corresponda.

La atención sanitaria a los ciudadanos se articula alrededor de la cartera de servicios que tiene cada uno de los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas. Existe una cartera de servicios común que esta pensada para que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso, pero existen también carteras de servicios específicas de cada comunidad autónoma que pueden hacer que, por ejemplo, determinada atención dental, prótesis, productos dietéticos o transporte de pacientes estén o no incluidos en la cartera de servicios o exista o no un copago, generando diferencias entre comunidades. Estas diferencias, pueden adquirir una importancia diferente en los últimos tiempos en lo que corresponde al acceso a la innovación, es decir, a los últimos tratamientos y tecnologías.

Empezando por el principio, los tratamientos suelen tener un proceso de desarrollo muy largo, de varios años hasta que pueden demostrar su eficacia y seguridad y son aprobados por las autoridades sanitarias. Este proceso podría acabar cuando las autoridades sanitarias aprueban un tratamiento y dan luz verde a su comercialización, pero en realidad no es así y diversas cuestiones y procedimientos pueden hacer que pasen aún algunos años hasta que ese tratamiento pueda ser accesible para un ciudadano de una ciudad concreta de España, mientras en otra puede estar accesible años antes.

El proceso administrativo para que esos tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento lleguen hasta los pacientes, pasa por el posicionamiento de dichos tratamientos frente a alternativas por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que marcará la decisión del Ministerio de Sanidad de aprobar o no la financiación pública del tratamiento en España. Después, cada comunidad autónoma llevará a cabo un nuevo proceso para decidir si aprueban su uso en sus territorios. Y hay un último paso en el que cada hospital lo vuelve a evaluar para decidir si lo incorporan o no a su propia cartera.

Este es el motivo por el que un tratamiento que quizá pueda estar indicado para dos pacientes de similares características pero que vivan en dos códigos postales diferentes (de dos ciudades distintas o incluso de la misma ciudad) pueda llegar a uno de ellos y tardar varios años en llegarle al otro (o no llegarle).

El tiempo que pasa desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un tratamiento hasta que es incluido en la financiación pública, en España es de 453 días de media (15,1 meses), frente a los 120 de Alemania, los 257 días de Francia o los 335 de Inglaterra, según el informe Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator) poniendo de manifiesto una diferencia nada desdeñable entre España y otros países de nuestro entorno.

Este mismo informe también refleja que la disponibilidad de los nuevos tratamientos en España es la más baja de los grandes mercados según Farmaindustria: a 31 de diciembre de 2020 estaban disponibles en España el 54% de los medicamentos autorizados en Europa, frente al 88% en Alemania, el 75% en Italia, el 72% en Inglaterra y el 63% de Francia. La media de los 34 países europeos se sitúa en el 49%. En los datos publicados se refleja también la peor situación de España en áreas significativas como los medicamentos oncológicos y huérfanos (aquellos para enfermedades raras con pocos pacientes que se desarrollan por necesidades de salud pública, aunque no tengan ninguna rentabilidad).

Todo esto evidencia que no sólo hay problemas de inequidad en el acceso a nuevos tratamientos entre regiones de España, sino que también hay un problema de inequidad si nos comparamos con nuestros vecinos europeos.

Esto no deja ser un asunto administrativo como tantos otros de la vida diaria que pueden suponer temporalmente diferencias a nivel de acceso a los tratamientos entre los ciudadanos. La administración y la burocracia no son perfectas y siempre han generado estas paradojas. El problema surge cuando la innovación es la única salida que puede resolver un problema de salud, curar una enfermedad o alargar la vida de una persona, y lamentablemente no llegamos a tiempo.

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