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El futuro de las pensiones en España

Las pensiones de jubilación subieron un 0,9 % en 2020 y la previsión para 2021 es del 1 %. El futuro se discute ahora en el Pacto de Toledo.

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Después de varios años aplicando el IRP para la revalorización de las pensiones, el Gobierno quiere volver a la fórmula del IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el modelo actual se agota y, hoy más que nunca, se hace necesario actualizar el sistema de pensiones a los nuevos tiempos que vivimos.

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El futuro de las pensiones en España

La Constitución Española establece, en su artículo 41, que el poder público y los agentes e interlocutores sociales tienen la responsabilidad de garantizar en el futuro un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario. En la actualidad ese sistema se basa en un modelo de solidaridad intergeneracional, por el que los trabajadores en activo sufragan con sus cotizaciones las prestaciones que reciben los trabajadores jubilados. Este sistema es eficaz cuando el número de cotizantes activos supera ampliamente al de receptores pasivos; sin embargo, cuando la pirámide demográfica se invierte, bien sea por aumento de la longevidad, bien por descenso de la natalidad o bien por disminución de cotizantes (desempleo, crisis económica), se producen importantes desequilibrios. Eso es lo que viene sucediendo en España, por uno u otro motivo, desde hace bastantes años.

Según datos de la Seguridad Social de diciembre de 2020, actualmente hay en España alrededor de diez millones de pensionistas, de los cuales más de 6 millones son jubilados; las restantes clases de pensión corresponden a incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares. Paralelamente, el número de afiliados a la Seguridad Social (trabajadores cotizantes) ha alcanzado la cifra de 19,5 millones; no obstante, según un informe del BBVA Research, en el año 2050 se necesitarán diez millones más de cotizantes para poder pagar las pensiones.

El déficit endémico de la Seguridad Social y la necesidad de plantearse una reforma del sistema se viene planteando de forma recurrente desde hace décadas, pero tras la brutal crisis financiera global de 2008 y las incertidumbres suscitadas por el momento actual lo necesario se han convertido en urgente, más aún si se tiene en cuenta que el déficit de la Seguridad Social alcanzó los 5.167,60 millones de euros en julio de 2020 (0,46% del PIB español).

Por otra parte, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (una especie de hucha en la que desde el año 2000 se venía guardando el superávit del sistema) ha pasado de los 66.000 millones del año 2011 a 2.153 millones en 2019, ya que en los últimos años los gastos del sistema han superado a los ingresos, por lo que ha sido necesario recurrir a la hucha para pagar las pensiones, que ya no pueden sostenerse con las cotizaciones de los trabajadores en activo.

¿Significa todo esto que el sistema de pensiones está en peligro o que los jubilados pueden sufrir una merma en sus prestaciones? Por supuesto que no; el problema se plantea para los trabajadores actuales y, sobre todo, futuros, que pueden enfrentarse a un sistema de pensiones en el que las prestaciones estén por debajo de las actuales. Por todo ello, la siempre aplazada reforma del sistema es ahora más necesaria que nunca.

En este sentido es importante recordar que los primeros seguros sociales datan de principios del siglo XX y la Ley de Bases de la Seguridad Social apareció en 1963; aquellas iniciativas respondían a las necesidades de sociedades industriales con pleno empleo y una esperanza de vida de poco más de 70 años. Sin embargo, las cosas han cambiado bastante en las últimas décadas: ahora vivimos más tiempo y las sucesivas revoluciones tecnológicas han provocado una drástica reducción del empleo. Ahora son necesarias nuevas soluciones y en este contexto se sitúan las negociaciones que se llevan a cabo en el Pacto de Toledo, que pretenden cambiar el modelo para que sea más eficiente y sostenible.

Estos cambios implican necesariamente una progresiva aproximación a los sistemas existentes en otros países de nuestro entorno, como los estados nórdicos, en los que cada trabajador cotiza y aporta dinero para su plan de pensiones individual (así su pensión no depende de las aportaciones de otros) y complementa los ingresos en la jubilación con planes de pensiones privados y otros productos de ahorro e inversión.

Respecto a las actuales pensiones, 2020 ha sido el segundo año consecutivo en el que se han revalorizado (0,9%) por encima del mínimo legal previsto. En 2019 se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Estas revalorizaciones, además de la prevista para 2021, se han llevado a cabo por la decisión del Gobierno de suspender la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y calcular la subida en función del Índice de Precios al Consumo (IPC). El IRP se adoptó en 2013 y vincula la revalorización anual al estado real de las cuentas de la Seguridad Social, aunque estableciendo una subida mínima del 0,25%, lo que ha supuesto que desde su aprobación y hasta 2019 las pensiones hayan perdido poder adquisitivo al subir por debajo de la inflación.

Si finalmente, los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo acaban como parece estar previsto, el Gobierno vinculará la subida de las pensiones al IPC a partir de 2021, lo que aseguraría un mecanismo consensuado y estable de revalorización. Es previsible que se apruebe también una reforma del sistema orientada a desincentivar las jubilaciones anticipadas y evolucionar hacia un modelo mixto, en el que parte de las aportaciones de los trabajadores se destinen a mantener las pensiones actuales y otra parte vaya a planes de pensiones privados que complementen en un futuro la prestación por jubilación de quienes se vayan incorporando al sistema.

Artículo confeccionado con información de la Seguridad Social, Banco de España y BBVA Research.

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